Tegucigalpa, Honduras. La absolución de Amílcar Alexander Ardón por el delito de lavado de activos provocó consecuencias dentro del Ministerio Público (MP), que despidió a tres funcionarios vinculados directamente con la acusación tras identificar presuntas negligencias e irregularidades durante el proceso judicial.
Las separaciones fueron confirmadas el 26 de agosto, apenas dos días después de que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción emitiera un fallo absolutorio a favor del exalcalde de El Paraíso, Copán.
Los funcionarios separados son Walter Aroldo Mendoza Carías, fiscal encargado del caso; Aleyda Dinora Rodríguez Aguilar, perito que participó en el juicio; y Rony Alexis Reyes Torres, jefe de la unidad encargada de las pericias financieras de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
¿Qué falló en el caso contra Alexander Ardón?
La Fiscalía acusaba a Ardón en un proceso en el que sostenía que no podía justificar alrededor de 50.17 millones de lempiras utilizados para adquirir propiedades y constituir empresas.
Sin embargo, uno de los principales problemas durante el juicio estuvo relacionado con la pericia financiera presentada por el Ministerio Público.
El tribunal determinó que la Fiscalía no logró acreditar suficientemente que los bienes investigados provinieran del tráfico de drogas y señaló inconsistencias en la prueba financiera utilizada para sustentar la acusación, según reportes del caso.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó posteriormente que la institución encontró presuntas negligencias e irregularidades en el proceso presentado durante el juicio, situación que derivó en la separación de los tres funcionarios.
El MP investigará qué ocurrió
La reacción de la Fiscalía plantea una interrogante que trasciende la absolución de Ardón: si existían errores suficientemente graves como para provocar tres despidos, ¿por qué no fueron detectados antes de llegar a juicio?
Mora indicó que no se descarta abrir una investigación para establecer exactamente qué ocurrió con las pruebas y determinar eventuales responsabilidades adicionales.
El Ministerio Público también anunció que prepara un recurso de casación con el que buscará revertir el fallo absolutorio.
Un caso que vuelve a poner bajo escrutinio a la justicia hondureña
Alexander Ardón adquirió notoriedad internacional por su participación como testigo en procesos por narcotráfico desarrollados en Estados Unidos, incluido el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández.
Sin embargo, esas declaraciones y procesos desarrollados en Estados Unidos no sustituyen la obligación del Ministerio Público de acreditar, mediante pruebas admisibles y suficientes, los delitos específicamente imputados a Ardón en Honduras.
Su absolución tampoco demuestra por sí misma la existencia de complicidad o encubrimiento dentro de las instituciones hondureñas.
Lo que sí está confirmado es que la propia Fiscalía considera que existieron negligencias e irregularidades suficientemente importantes como para despedir a tres de sus funcionarios.
¿La responsabilidad termina con tres funcionarios?
El caso deja preguntas que el Ministerio Público deberá responder.
¿Quién supervisó la investigación antes de llevarla a juicio? ¿Quién revisó la pericia financiera? ¿Cómo llegaron hasta un tribunal pruebas que posteriormente provocaron cuestionamientos dentro de la propia Fiscalía?
Y, principalmente, ¿se investigarán también posibles responsabilidades en los niveles superiores encargados de supervisar un caso de esta magnitud?
El Ministerio Público tiene ahora dos procesos abiertos de hecho: intentar revertir judicialmente la absolución de Ardón y explicar públicamente cómo una investigación de alto impacto terminó con un acusado absuelto y tres funcionarios despedidos.
La credibilidad de la justicia hondureña dependerá también de las respuestas que produzca esa investigación.