Tegucigalpa. La reciente elección y juramentación de Dagoberto Aspra como procurador general de la República y de José Francisco Quiroz como subprocurador ha abierto un nuevo foco de debate público, debido a los antecedentes judiciales y profesionales que rodean a ambos funcionarios.
Los nombramientos, aprobados por el Congreso Nacional, se producen en un contexto de alta sensibilidad institucional, donde la Procuraduría General está llamada a representar y defender los intereses del Estado hondureño.
Dagoberto Aspra y su vínculo con casos emblemáticos de corrupción
Dagoberto Aspra es abogado y notario, pero su trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada a la defensa de imputados en algunos de los mayores escándalos de corrupción del país.
Entre los casos más emblemáticos figura su participación como defensor en el Caso Pandora, una red mediante la cual —según el Ministerio Público— se desviaron 282 millones de lempiras desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas del Partido Nacional y del Partido Liberal.
De acuerdo con las investigaciones, la SAG suscribió contratos con las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista para proyectos destinados a pequeños productores. Sin embargo, los fondos habrían sido desviados con fines electorales, incluyendo la promoción de la tarjeta de descuento conocida como “La Cachureca”, utilizada durante las elecciones de 2013.
Defensa de Nasry Asfura y otros procesos relevantes
Aspra también fue defensor legal del exalcalde del Distrito Central y expresidente Nasry Asfura, durante el período 2014–2022, en un proceso en el que se le acusó de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos.
Las acusaciones se originaron tras la emisión de 23 cheques de caja por más de 17 millones de lempiras, entre 2017 y 2018.
A este historial se suma su participación como defensor en el caso “Arca Abierta”, presentado por la extinta MACCIH, que señalaba el desvío de más de 21 millones de lempiras a través de la ONG Planeta Verde. Asimismo, representó al exdiputado nacionalista Nelson Márquez, acusado de integrar una red que habría saqueado más de 3,000 millones de lempiras mediante contratos amañados y procesos irregulares en la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).
José Francisco Quiroz: de procesado a subprocurador
Por su parte, el nombramiento de José Francisco Quiroz como subprocurador general también ha generado cuestionamientos. Quiroz fue procesado por su presunta participación en el desvío de 13 millones de lempiras del Poder Judicial, cuando integraba el Consejo de la Judicatura en 2018.
Aunque el caso fue sobreseído, el expediente incluía 93 delitos de malversación de caudales públicos, según los registros judiciales.
Investigaciones de la ATIC y uso irregular de viáticos
Investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) señalaron que Quiroz y otros exmiembros del Consejo de la Judicatura habrían tramitado viáticos para supuestas giras de trabajo al interior del país.
Las pesquisas determinaron que en 576 ocasiones dichos viajes no se realizaron y que los fondos asignados nunca fueron reintegrados, configurando un esquema de uso irregular de recursos públicos.
Un debate abierto sobre idoneidad y transparencia
Los antecedentes de ambos funcionarios han reavivado el debate sobre los criterios de idoneidad, ética y transparencia en la designación de altos cargos del Estado, particularmente en instituciones clave para la defensa jurídica del país y la lucha contra la corrupción.